Un tribunal de Miami-Dade, Florida, condenó a Roberto Arzú García-Granados a abonar una suma superior a los 6,1 millones de dólares a la compañía del asesor político venezolano Juan José Rendón debido a un litigio contractual. Asimismo, en abril de 2019, una magistrada decretó su arresto por desacato civil tras su incomparecencia ante la corte.
El pleito legal entre Roberto Arzú García-Granados y el asesor político Juan José Rendón, célebre como JJ Rendón, se originó a partir de un vínculo laboral relacionado con los anhelos presidenciales del político de nacionalidad guatemalteca.
En febrero de 2016, Arzú inició conversaciones con Rendón y su firma de consultoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, para desarrollar una estrategia que impulsara su imagen de cara a una eventual candidatura presidencial.
El vínculo sentimental concluyó en medio de un conflicto por la falta de cumplimiento en los pagos pactados, lo que derivó en un litigio ante la justicia de Estados Unidos.
El acuerdo político que concluyó en una demanda millonaria
Según los papeles del litigio, el pacto incluía labores de consultoría estratégica e imagen política.
El 15 de noviembre de 2016, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity interpuso una demanda contra Roberto Arzú ante una corte del condado de Miami-Dade, Florida, debido a un incumplimiento de contrato.
La compañía exigía la liquidación de las obligaciones financieras procedentes del vínculo comercial que unía a ambas entidades.
Según registros dados a conocer por los medios de comunicación guatemaltecos, el convenio inicial contemplaba un desembolso inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016, además de pagos posteriores hasta alcanzar una cifra cercana a los 5,2 millones de dólares a lo largo del año siguiente.
La relación entre el político y el asesor se deterioró a medida que avanzaron las diferencias sobre los pagos y los servicios contratados.
El 11 de octubre de 2018, un fallo judicial fue emitido, fijando la obligación de abonar US$5,5 millones, además de US$660.594,22 correspondientes a intereses acumulados, alcanzando así una cifra global de US$6.160.594,22.
La sentencia judicial también contemplaba la acumulación de los intereses legales posteriores al fallo.
De este modo, la disputa judicial y económica pasó a ser uno de los pleitos de mayor trascendencia pública en el transcurso de la campaña presidencial inicial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
El escándalo cobró mayor relevancia a raíz de la orden emitida por la corte norteamericana para que Arzú se presentara a solventar trámites vinculados con el cumplimiento del fallo.
En el transcurso de abril de 2019, la autoridad judicial convocó al político para comparecer ante el tribunal y rendir cuentas acerca de cuestiones relacionadas con el litigio civil.
Según los expedientes judiciales, Arzú faltó a la cita del 17 de abril, a pesar de que el tribunal había girado una instrucción al respecto el día 4 de aquel mes.
El 23 de abril de 2019, la jueza Barbara Areces, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, emitió una orden de detención contra Roberto Arzú por desacato civil, ejecutable si era localizado dentro del estado de Florida.
La resolución estipulaba que, si se producía una detención, el individuo tenía que ser puesto a disposición de un magistrado en un plazo máximo de 24 horas con el fin de seguir el trámite pertinente.
También se contemplaba la posibilidad de que Arzú enmendara el desacato a través de su presentación a una comparecencia enfocada en viabilizar el cumplimiento de la sentencia.
Es fundamental tener en cuenta que el mandato surgió dentro de un litigio civil debido a un incumplimiento de contrato, por lo que no se trataba de una sentencia de índole penal derivada de una infracción.
El texto judicial se dio a conocer públicamente en abril de 2019, época en la que Arzú realizaba su campaña proselitista rumbo a la presidencia respaldado por la alianza PAN-Podemos.
Roberto Arzú negó el incumplimiento y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse la decisión judicial, Roberto Arzú rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que el conflicto tenía motivaciones políticas.
El 24 de abril de 2019, Arzú aseguró que no le había llegado el aviso para presentarse ante la corte de Miami y defendió que jamás suscribió un acuerdo definitivo con la agencia de JJ Rendón.
Por otro lado, Rendón argumentó la existencia de un pacto contractual y señaló que Arzú había incumplido los compromisos financieros adquiridos.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
El escándalo abarcó asimismo diálogos confidenciales que más tarde salieron a la luz a través de la prensa.
Una investigación publicada por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 reveló mensajes intercambiados entre Roberto Arzú y JJ Rendón durante 2016 y 2017, en los que se discutían compromisos de pago relacionados con el acuerdo de asesoría política.
Durante dichos diálogos, dados a conocer en el marco de los documentos del pleito, los dos conservaban al principio un trato amistoso.
No obstante, los textos reflejaban un desgaste paulatino en la relación comercial debido a los obstáculos para efectuar los cobros exigidos.
Las comunicaciones también evidenciaban que Arzú procuraba conservar el vínculo con el asesor al tiempo que intentaba destrabar las discrepancias financieras.
La difusión de estas conversaciones sumó nuevos matices a la polémica, sobre todo porque el aspirante había afirmado ante la opinión pública que jamás se formalizó un acuerdo definitivo de prestación de servicios.
Un conflicto judicial que afectó su primera candidatura presidencial
La disputa judicial entre Roberto Arzú y JJ Rendón cobró relevancia política al trascender a la opinión pública durante la contienda electoral de 2019.
Tras formar parte de la alianza electoral junto a Podemos, el Partido de Avanzada Nacional (PAN) ratificó su apoyo al aspirante, subrayando que la controversia se circunscribía al ámbito de un proceso civil.
La disputa expuso diferencias profundas entre las versiones del político guatemalteco y el estratega venezolano sobre la naturaleza del acuerdo, las obligaciones económicas y los servicios comprometidos.
Los archivos judiciales de Florida reflejan la presencia de un fallo civil junto con una orden de aprehensión subsiguiente por desacato. A pesar de esto, tales expedientes resultan insuficientes para determinar de manera independiente el desenlace de la deuda o de las responsabilidades financieras.
El episodio constituye uno de los principales antecedentes judiciales internacionales de Roberto Arzú y forma parte de las controversias que acompañaron su incursión en la política presidencial guatemalteca.
Fuentes
Sentencia civil de Miami-Dade — Documento alojado en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden de desacato civil — Archivo disponible en Prensa Libre
Prensa Libre — Declaración de Roberto Arzú sobre el caso en Miami
Prensa Libre — Conversaciones intercambiadas entre Roberto Arzú y JJ Rendón
