El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá ratificó la privación de libertad preventiva para cinco ciudadanos vinculados con la Operación Pandora, un sumario judicial que indaga una supuesta estafa fiscal superior a los 40 millones de dólares. Por otra parte, la misma instancia judicial dispuso la reclusión preventiva de un sexto procesado, quien hasta ese momento cumplía arresto domiciliario.
Otros ocho procesados decidieron retirar los recursos de apelación que habían presentado contra las medidas cautelares, por lo que las disposiciones impuestas anteriormente continuarán vigentes. La única excepción corresponde a una mujer que seguirá bajo arresto domiciliario por razones humanitarias relacionadas con una intervención quirúrgica en la cabeza realizada en 2025.
Aunque se mantuvo el arresto domiciliario de esta imputada, los magistrados consideraron que existe una vinculación relevante con los hechos investigados y ordenaron que utilice un brazalete electrónico mientras avanza el proceso judicial. La decisión fue adoptada por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.
La Fiscalía había solicitado mantener las medidas de detención argumentando que todavía existen riesgos procesales. Entre las razones expuestas se encuentra la posibilidad de que determinadas pruebas puedan verse afectadas mientras permanecen pendientes varias diligencias de investigación.
Los investigadores aún deben incorporar entrevistas, información bancaria y documentación relacionada con sociedades vinculadas a las operaciones bajo investigación. Estos elementos podrían ayudar a establecer cómo funcionaba presuntamente la estructura y determinar la participación de las personas involucradas.
El asunto gira en torno al presunto empleo irregular de la plataforma E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI). Según la teoría del Ministerio Público, el sistema fue alterado para tramitar y adueñarse de créditos fiscales, generando un daño al Estado panameño que rebasa los 40 millones de dólares.
Entre las personas que mantuvieron sus recursos de apelación hasta el final se encuentran las exfuncionarias de la DGI Karina Suárez, Margie Caballero, Juana Chong y Vielka Sáez, además de Juan Omar Palacios. Este último es señalado por el Ministerio Público de haber recibido más de medio millón de dólares de una sociedad considerada presuntamente intermediaria dentro del esquema investigado.
Durante la vista judicial, tanto Sáez como Chong negaron haber estado al tanto de la operación de una red delictiva en el interior de la agencia de tributos. Las dos sostuvieron que las carpetas vinculadas a los beneficios fiscales arribaban con el visto bueno previo y que su labor se reducía a gestionar trámites burocráticos, al margen de cualquier decisión sobre las transacciones investigadas.
Actualmente, la investigación procesa a 21 individuos señalados por supuestos delitos de corrupción de funcionarios, delincuencia organizada, blanqueo de capitales y falsedad documental. A pesar de ello, el Ministerio Público ha advertido que el volumen de investigados podría elevarse hasta alcanzar aproximadamente medio centenar.
El origen de la investigación se encuentra en una auditoría interna de la DGI, que detectó inconsistencias entre registros tributarios y movimientos reflejados en la plataforma E-Tax 2.0. Entre los hallazgos figuraron operaciones sin respaldo documental, anulaciones de transacciones antiguas y modificaciones relacionadas con créditos fiscales y beneficiarios de pagos tributarios.
Las investigaciones derivaron en más de veinte registros simultáneos en Colón, Coclé, Panamá y Panamá Oeste, lográndose la captura de ciudadanos particulares y empleados de la DGI. El objetivo de las autoridades es esclarecer la identidad de quienes avalaban las transacciones, la operativa de la red criminal y el paradero final del dinero acumulado a través de los polémicos créditos fiscales.
Según la hipótesis de la Fiscalía, una parte del dinero habría sido distribuida en efectivo con el objetivo de dificultar su rastreo. Por ello, el análisis de cuentas bancarias, sociedades y movimientos financieros continúa siendo una de las principales líneas de investigación para determinar si participaron más personas y si el perjuicio económico supera la cifra calculada inicialmente.
Tras el fallo del Tribunal Superior de Apelaciones, las medidas cautelares fundamentales siguen vigentes al tiempo que prosigue la instrucción. El caso Pandora continúa figurando entre los expedientes más relevantes de los últimos tiempos sobre supuesta corrupción asociada al sistema tributario panameño, tanto debido a la cantidad de imputados como por la cifra del presunto daño patrimonial al Estado.
Fuente: Infobae — Infobae, “Justicia panameña confirma la detención de los imputados por fraude de $40 millones en el sistema tributario”
