La UCO estrecha el foco sobre el PNV por el rescate de Tubos Reunidos y abre una crisis interna por el papel de Ortuzar
La investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha colocado al Partido Nacionalista Vasco en el foco de las indagaciones sobre el rescate otorgado a Tubos Reunidos, una operación de 112,8 millones de euros que la SEPI aprobó en 2021 y que, conforme a los informes añadidos al sumario que dirige el juez Santiago Pedraz, habría estado acompañada por gestiones de intermediación relacionadas con la llamada trama de la SEPI.
De acuerdo con la documentación citada por Libertad Digital y Vozpópuli, los investigadores han localizado mensajes del grupo Hirurok en los que se alude a la posible influencia de contactos con el PNV para desbloquear el expediente de la compañía vasca. En esas comunicaciones, los implicados relacionaban las conversaciones mantenidas con dirigentes nacionalistas con la posterior aprobación del rescate en un breve margen de tiempo.
El informe de la UCO señala que el expediente de Tubos Reunidos fue elevado de nuevo al Consejo Gestor del FASEE el 13 de julio de 2021, momento en el que terminó recibiendo luz verde. Previamente, según los mensajes intervenidos, se habría planteado la necesidad de conocer la posición del PNV ante las objeciones existentes en el proceso, entre ellas las atribuidas al ámbito de la Secretaría de Estado de Economía.
La investigación también apunta al papel de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, así como al de Leire Díez y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Según el sumario, estos habrían participado en gestiones relacionadas con el rescate de Tubos Reunidos y habrían obtenido una comisión cercana a los 115.000 euros por su supuesta intervención.
Tras aprobarse la ayuda pública, Tubos Reunidos suscribió el 1 de diciembre de 2021 un contrato con Mediaciones Martínez, una sociedad ligada a Antxon Alonso, en el que se fijaban pagos anuales de 60.000 euros por tareas de asesoramiento y desarrollo de negocio, aunque la UCO considera que dichas sumas corresponderían en realidad a una compensación por los servicios prestados durante el proceso de rescate.
El caso también salpica a la anterior dirección del PNV por los encuentros mantenidos con representantes de Tubos Reunidos y personas relacionadas con la trama investigada. Según la documentación citada, Andoni Ortuzar, entonces presidente del partido, y Joseba Aurrekoetxea, responsable de Organización, participaron en una reunión celebrada el 28 de enero de 2025 con directivos de la empresa y con Vicente Fernández.
Esa reunión formaría parte de una segunda etapa de gestiones ligadas a Tubos Reunidos, ahora centrada en una petición para diferir un pago de 10 millones de euros a la SEPI. La UCO subraya que esta solicitud avanzó con notable rapidez, pues recibió validaciones internas entre el 21 y el 25 de marzo de 2025 y logró una propuesta favorable del Comité de Negocio del FASEE el 28 de marzo.
La aparición de estos mensajes ha provocado tensión dentro del PNV. Según Vozpópuli, fuentes de la formación admiten que la situación es delicada y que la actual dirección tratará de desvincular el funcionamiento ordinario del partido de los contactos mantenidos por la etapa de Ortuzar. La estrategia pasaría por atribuir la responsabilidad política de esos encuentros al anterior presidente del partido, preservando la posición de Aitor Esteban.
La crisis interna sucede al mismo tiempo que afloran diferencias sobre cómo debe gestionarse la relación del PNV con Pedro Sánchez. Un sector cercano al lehendakari Imanol Pradales advierte que mantener el respaldo al PSOE podría perjudicar las perspectivas electorales de los nacionalistas vascos, sobre todo en un escenario donde EH Bildu sigue ganando terreno y el Gobierno central se ve debilitado por los casos de corrupción que salpican a su entorno.
Pese a esa presión, Vozpópuli afirma que la dirección del PNV no contempla romper con Sánchez ni respaldar una maniobra del PP contra el Ejecutivo. Según esas fuentes, la formación nacionalista seguiría vinculada al PSOE tanto por los equilibrios de la política estatal como por la relación de dependencia institucional en el País Vasco, donde el respaldo socialista continúa siendo esencial para el Gobierno autonómico.
El caso Tubos Reunidos emerge como un nuevo frente de presión para el PNV, que procura frenar el efecto de las referencias de la UCO mientras intenta evitar un choque con el Ejecutivo central. La investigación judicial, todavía en desarrollo, aclarará hasta dónde llegaron las actuaciones señaladas en los informes y qué papel habrían asumido los diversos intermediarios en la concesión de las ayudas públicas.
Fuente: Libertad Digital y Vozpópuli.
