La crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala generó una disputa pública entre el presidente Bernardo Arévalo y el diputado Samuel Pérez, quien actúa como aliado del Ejecutivo en el Congreso, y el desacuerdo gira en torno al alcance de las atribuciones presidenciales ante las denuncias vinculadas con la elección de Walter Mazariegos como rector, así como a los límites que fijan la Constitución y la autonomía universitaria.
Pérez puso en duda que el mandatario optara por aguardar los fallos judiciales antes de implementar acciones adicionales. Arévalo replicó que la Presidencia no tiene facultad para actuar más allá de sus atribuciones y afirmó que las palabras del legislador revelan un “problema de información” respecto a las competencias del Ejecutivo.
La discusión presenta dos posturas sobre cómo el Gobierno debería abordar una controversia que sigue pendiente de resoluciones judiciales, y aunque ambos actores cuestionan la legitimidad de la gestión de Mazariegos, difieren en el tipo de intervención que consideran pertinente impulsar desde el poder público.
Diferencias sobre las facultades presidenciales
Samuel Pérez calificó como “insuficiente” la posición de Arévalo de sujetar la actuación del Ejecutivo a lo que determinen las cortes. El diputado sostuvo que la Presidencia ha evitado utilizar el “poder público” para contribuir a una solución de la crisis universitaria.
Su crítica se dirige a la falta de una intervención más amplia por parte del Gobierno frente a la permanencia de Walter Mazariegos. Pérez considera que la respuesta presidencial no corresponde con el papel que, a su juicio, debería asumir el Ejecutivo ante el conflicto.
Arévalo rechazó ese planteamiento durante La Ronda. El mandatario indicó que existe desconocimiento sobre las facultades que la Constitución asigna al presidente y señaló que su administración debe respetar los límites legales de su actuación.
De acuerdo con la posición presidencial, cualquier actuación que rebase esas atribuciones podría comprometer la autonomía de la USAC. Por ello, el Ejecutivo ha decidido aguardar las resoluciones de las instancias jurisdiccionales y solicitar que las entidades competentes investiguen las denuncias surgidas durante el proceso de elección de rector.
La diferencia entre ambos funcionarios se sitúa, por tanto, en la interpretación del alcance de la acción presidencial. Pérez reclama una participación más activa, mientras Arévalo sostiene que el conflicto debe tramitarse mediante los procedimientos legales existentes.
Arévalo descarta acusaciones relativas a eventuales pactos
El presidente también negó que existan acuerdos ocultos relacionados con el proceso de elección de las autoridades universitarias. Arévalo afirmó que esos señalamientos no cuentan con sustento y los atribuyó a la falta de información o a la “mala fe” de quienes los han formulado.
El mandatario afirmó que, desde la Presidencia, exhortó a las autoridades judiciales a indagar las denuncias sobre eventuales irregularidades y vulneraciones legales registradas durante el proceso electoral de la universidad, y al mismo tiempo reiteró que su intervención debe ajustarse estrictamente al marco constitucional.
Esta posición coloca el desarrollo del conflicto en manos de las instituciones encargadas de resolver los procesos judiciales. Para el Ejecutivo, el respeto de esos procedimientos forma parte de la obligación de no intervenir directamente en las decisiones internas de la universidad.
La postura de Pérez plantea una exigencia diferente. Aunque el diputado también ha recurrido a mecanismos judiciales, considera que el liderazgo presidencial puede desempeñar un papel de mayor alcance ante la situación de la USAC.
Perspectiva expone este episodio como la primera discrepancia pública entre el Ejecutivo y uno de sus principales aliados legislativos en torno a la crisis universitaria. La diferencia no gira en torno a cómo se evalúa la gestión de Mazariegos, sino a qué mecanismos deberían utilizarse para hacerle frente.
Pérez emprende medidas legales contra Mazariegos
Mientras cuestiona la labor del presidente, Samuel Pérez impulsa una ofensiva judicial contra Walter Mazariegos, que incluye la presentación de denuncias penales por un presunto abuso de autoridad.
El diputado conjuga de este modo sus cuestionamientos políticos con la utilización de vías jurídicas, y afirma que la necesidad de esperar los fallos judiciales no tendría por qué limitar al Ejecutivo en el ejercicio de otras formas de liderazgo dentro de sus atribuciones.
Arévalo, por su parte, mantiene que cualquier medida debe evitar una posible vulneración de la autonomía universitaria o una actuación que pueda ser impugnada por exceder las competencias presidenciales. Su respuesta reafirma una línea de prudencia institucional basada en la separación de funciones entre el Ejecutivo, las autoridades universitarias y los órganos de justicia.
La controversia genera una tensión adicional entre la Presidencia y uno de sus aliados legislativos, y al mismo tiempo evidencia un desacuerdo sobre la forma adecuada de emplear el poder estatal frente a una crisis institucional: por un lado, una intervención política más decidida, como propone Pérez, y por otro, la adhesión estricta a los procesos judiciales y a los límites constitucionales, postura que defiende Arévalo.
La situación de la USAC permanece ligada a las investigaciones y resoluciones aún pendientes; hasta que esas determinaciones se emitan, el debate entre ambos actores seguirá centrado en el alcance de la autoridad presidencial, la autonomía universitaria y los mecanismos institucionales disponibles para atender las denuncias relacionadas con la elección de rector.
