Un auto de la Audiencia Nacional detalla que una presunta trama vinculada al PSOE habría intentado sobornar al fiscal anticorrupción José Grinda con 300.000 euros. Según el juez Santiago Pedraz, este ofrecimiento buscaba obtener información que perjudicara al jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, y archivar procesos judiciales relevantes.
El documento judicial señala además que el plan fue liderado por Santos Cerdán, exsecretario de Organización socialista, quien presuntamente dirigió una red para desestabilizar causas judiciales desfavorables al partido y al Gobierno. Dentro de la trama, se indica que Leire Díez, conocida como «la fontanera» del PSOE, habría sido una pieza clave en estas acciones ilícitas.
El soborno al fiscal Grinda habría sido gestionado a través de un empresario y persona externa al PSOE, Pere Rusiñol, quien se reunió con el fiscal en febrero de 2025 para transmitirle la oferta. A cambio del dinero, también se le prometió un puesto de trabajo en el extranjero.
Nuevas revelaciones: intentos de compra y manipulación de testigos
El auto recoge también que la empresaria Carmen Pano habría recibido una oferta de 50.000 euros para cambiar su declaración judicial. Pano había asegurado haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede de Ferraz en octubre de 2020, por orden de Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo. Aunque se intentó influir en su testimonio antes de una nueva declaración, Pano reafirmó su versión en el tribunal.
El abogado Ismael Oliver, también investigado en la trama, habría sido el encargado de negociar esta compra con la autorización de Leire Díez. «Debemos saber comprar», habría indicado Díez en una conversación recogida en la investigación del juez.
Atenciones ofrecidas a funcionarios y guardias civiles
El juez también señala que se habrían ofrecido favores y beneficios económicos a funcionarios y agentes de la Guardia Civil con el propósito de obtener información que entorpeciera las investigaciones relacionadas con casos de corrupción, incluyendo entre estas promesas el pago de servicios jurídicos y posibles mejoras profesionales.
El registro efectuado en la sede socialista de Ferraz, ordenado por Pedraz, junto con otras diligencias judiciales, fortalece los indicios de que esta red pretendía salvaguardar los intereses políticos del PSOE y del Gobierno mediante acciones ilícitas dirigidas contra fiscales, jueces y cuerpos de seguridad del Estado.
Fuente: Procedente de El Economista – https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13941030/05/26/el-juez-sospecha-que-la-trama-ofrecio-300000-euros-al-fiscal-grinda-para-obtener-informacion-que-afectara-a-luzon.html
